Cámara Federal de Casación Penal

Buenos Aires, 2 de abril de 2020.

En atención a la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y consultadas las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal, Dres. Gustavo M. Hornos –Vicepresidente 1°- y Alejandro W. Slokar – Vicepresidente 2°-, se dispone que los órganos de la jurisdicción tomen razón y adopten los recaudos pertinentes en orden a los puntos 1 y 2 de la Recomendación de la CIDH, que a continuación se transcriben:

1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19.

2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.

(http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2020/066.asp).

Comuníquese. Firmado: Angela E. Ledesma, Presidenta. Ante mí: Juan Manuel Montesano Rebón, Secretario General.

PROTOCOLO PARA EL USO DE TELÉFONOS CELULARES POR PARTE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL ÁMBITO DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE TUCUMÁN

ARTICULO 1. Ámbito de aplicación. Se autoriza a la población en contexto de encierro del Servicio Penitenciario de Tucumán (SPT), a mantener comunicaciones a través de teléfonos celulares y al uso de otros dispositivos tecnológicos, de la forma y con los alcances previstos en el presente PROTOCOLO.

ARTÍCULO 2. Vigencia y objetivos. La habilitación de las comunicaciones a través de dispositivos móviles en el ámbito del SPT regirá mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio (DNU 297/20), o cualquier otra restricción a la libre circulación de las personas con motivo de la pandemia Covid-19. Los resultados de la puesta en práctica de este Protocolo permitirán evaluar la extensión de su vigencia, así como la modificación y/o ampliación de su contenido. Este Protocolo tiene como objetivo esencial facilitarle a la población privada de la libertad:

a) el contacto con sus familiares y afectos

b) su desarrollo educativo y cultural

c) el acceso a información relativa a su situación procesal.

La implementación de este Protocolo debe llevarse adelante con criterios de razonabilidad que permitan un adecuado ejercicio de los derechos reconocidos en el presente y que garanticen los aspectos de seguridad propios de su ámbito de aplicación.

ARTÍCULO 3. Habilitación de dispositivos móviles.

a) INGRESO DE CELULARES: un familiar de cada interno ingresara el teléfono móvil, debiendo registrarse la marca, el modelo, el número de identificación internacional de equipo móvil (IMEI) y el número de tarjeta de módulo de identificación de abonado (Chip o tarjeta SIM). Se registrarán también los datos de la persona que sea propietaria del dispositivo móvil y de la línea telefónica. Quien ingrese el dispositivo deberá expresar que éste no es producto de la comisión de un ILÍCITO. El dispositivo móvil ira a la unidad y, quedará registrado a nombre de la persona que lo ingresó al establecimiento, quien será responsable de todas las comunicaciones realizadas desde ese teléfono celular. El mismo será utilizado por el interno a su REQUERIMIENTO, entre las 08.00 y las 18.00 Hs., de cada día solicitando su afectación al empleado Penitenciario de turno, quien le efectuará el control respectivo.

ARTÍCULO 4. Condiciones de uso

a) Las comunicaciones mediante teléfono celular sólo podrán realizarse en los recintos que cada unidad determine. En consecuencia, queda prohibida la utilización de dispositivos móviles en los pabellones, pasillos, espacios educativos, laborales y cualquier ámbito que no sea el autorizado.

b) Las personas privadas de la libertad que cuenten con teléfonos celulares podrán utilizar también las líneas de telefonía fija del establecimiento penitenciario.

c) En ningún caso el SPT se hará cargo del costo de las comunicaciones.

d) Las comunicaciones a través de teléfonos celulares podrán tener lugar de 08.00 a 18.00 Hs. e) En caso de situaciones que puedan afectar la seguridad del establecimiento o si la utilización de los teléfonos celulares impidiera el normal desarrollo de actividades o procedimientos en dependencias

del SPT la autoridad penitenciaria podrá solicitar la interrupción de las comunicaciones por periodos determinados.

f) Los dispositivos móviles no podrán contar con memoria extraíble.

ARTÍCULO 5. Incautación. Actuación disciplinaria. Denuncia penal. La primera inobservancia del interno, y conforme a la gravedad de la falta, será llamado a recapacitar por única vez, y/o se aplicará el correctivo disciplinario que corresponda. Y ante reiteraciones de lo dispuesto en el presente reglamento, o la posible participación en un delito penal mediante la utilización del dispositivo móvil, dará lugar a la inmediata incautación del teléfono celular y al labrado de las actuaciones administrativas y/o denuncia penal correspondientes. El teléfono incautado será remitido a la Fiscalía de turno, según corresponda.

Habeas Corpus Colectivo No.16738 Utilización de Celulares.

San Isidro, 28 de Marzo de 2020. 18.30 hs.

AUTOS Y VISTOS: Los del presente incidente de Habeas Corpus Colectivo
Correctivo No.16738, interpuesto por el Sr. Defensor General de San Martín, Dr. Andrés
Harfuch, al que adhiriera el Sr. Defensor General Interino de San Isidro, Dr. Julio Buffone, en
favor de las personas privadas de su libertad en el Complejo Penitenciario de San Martín,
(Unidades 46, 47 y 48):

Y CONSIDERANDO:
I. Que en el día de la fecha, en horas del mediodía (13.08), fue remitido al
correo oficial la presente acción de hábeas corpus, solicitando el peticionante que se ordene al
Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense la flexibilización de los controles reglamentarios
sobre telefonía celular e Internet en la Unidades 46, 47 y 48, permitiendo así su utilización con
fines de comunicación con sus familiares, al menos por el tiempo que duren las medidas de
excepción mencionadas (vgr. aislamiento social, preventivo y obligatorio).

Por tal motivo se ordenó corre vista al Sr. Fiscal de Ejecución y al Sr. Defensor
General Interino de este departamento Judicial, la que fuera comunicada en forma telefónica
por el suscripto, a la vez que se requirió al Sr. Jefe del Complejo Penitenciario San Martín,
Inspector Mayor Carlos Suarez, que informe acerca de la factibilidad de implementar la
medida, como así también se expidiera sobre los efectos que tal posibilidad aportaría a fin de
descomprimir la situación actual de la población carcelaria.

Siendo las 14.38hs. El Inspector Mayor Carlos Suárez, remitió a mi celular
personal un mensaje de audio, donde daba cuenta de la importancia de contar con dicha
herramienta (el uso de telefonía celular), considerando favorable implementar la medida, más
en los tiempos que corren, ya que contribuiría a bajar la ansiedad de parte de la población y
que sientan así la proximidad de sus familiares, en lo que califica como una situación límite,
dejando a salvo la necesidad de regular su uso.-

Recibido dicho informe, lo reenvié al Sr. Fiscal de Ejecución, Dr. Rodrigo Caro,
quien a las 14.50hs. respondió por la misma vía (mesaje de audio), y dictaminó en forma
favorable, considerando que tanto la telefonía celular como otras formas de comunicación
online que pueda establecerse desde la unidad, lo que a su criterio contribuye a mantener la
paz social dentro de los establecimientos penitenciarios mientras dura esta situación
excepcional y mantener los vículos familiares.

Del mismo modo comuniqué al Dr. Julio Buffone, interinamente a cargo de la
Defensoría General departamental, lo informado por el Inspector Mayor Suárez y lo
dictaminado al respecto por el Sr. Fiscal. Ante ello, respondió la vista conferida a través del
correo electrónico (personal) sosteniendo que: "comparto en un todo los argumentos vertidos
por el Sr. Defensor General de San Martín Dr. Andrés Harfuch, adhiriendo a los mismos, así
como a los que se me hicieran llegar, expuestos por el Dr. Rodrigo Caro en nombre de la

fiscalía departamental. Por tanto, solicito se resuelva favorablemente la pretensión expuesta,
y se amplíe la medida, a todos los internos alojados en el Complejo Penitenciario San Martín,
sin tener en cuenta la jurisdicción a la que pertenecen".

II. Llegado el momento de resolver, debo señalar en primer lugar que mi
intervención resulta habilitada en los términos del art.25 incs.3 y 4 del C.P.P. respecto de todas
las personas privadas de su libertad a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N°1
departamental, debiendo intervenir además, al menos cautelarmente respecto de las demás
personas allí alojadas, teniendo en cuenta la urgencia del caso y la actual situación sanitaria,
social y carcelaria, que no permite demoras.

En tal sentido tengo en cuenta que en el Complejo Penitenciario San Martín se
encuentran actualmente alojadas 2995 personas, entre las cuales 2612 forman parte de la
población masculina y 383 integran la población femenina. Por otra parte, debido la las
gestiones realizadas en la mesa de diálogo integrada por personal penitenciario y personas
privadas de su libertad, se ha consensuado la decisión de no recibir visitas como manera de
contribuir a las medidas sanitarias recomendadas por la OMS, a fin de reducir la circulación de
personas y con ello disminuir al mínimo las posibilidades de propagación del COVID-19.-
Tal decisión ha tenido consecuencias negativas en la totalidad de la población
carcelaria, que no solo ha visto mermada la posibilidad de mantener contacto físico con sus
respectivas familia, sino que además de ello se encuentran en estado de incertidumbre al no
poder comunicarse y estar al tanto de la situación de sus seres queridos, en circunstancias en
que continuamente desde numerosos medios de comunicación se informan consecuencias
letales en la población general, debido a la pandemia.

En este contexto, tengo en cuenta además que se encuentran
suspendidas todas las actividades dentro del ámbito penitenciario. Por ello, a fin de evitar que
tales restricciones -suspensión de visitas- se conviertan en un agravamiento arbitrario de las
condiciones de detención, resulta de vital importancia lo informado por el Inspector Mayor
Carlos Suárez, Jefe del Complejo Penitenciario, en el sentido que dicha herramienta sin dudas
contribuirá a disminuir las tensiones existentes en la población ya que de ese modo podrían
mantener contacto fluído con sus familiares, no sólo aquellas personas que recibían visitas,
sino también en los casos en que por cuestiones económicas, de distancia u otras dificultades,
éstas se veían imposibilitadas.-

A mayor abundamiento, el Sr. Fiscal interviniente también se
ha pronunciado de manera favorable respecto de lo solicitado al considerar que la telefonía
celular es el medio idóneo para garantizar el contacto familiar, y contribuye a la paz social
dentro de los establecimientos carcelarios en estas circunstancias, como así también cualquier
otra forma de comunicación online que puedan realizar a través de la unidad.

En ese sentido he sostenido en numerosos pronunciamiento
que la posibilidad de tener consigo un equipo de telefonía celular se relaciona de modo directo
con el derecho de toda persona alojada en el ámbito carcelario a mantener comunicación
telefónica con el exterior a su costo, conforme lo normado el art. 9 inc. 5 a) de Ley 12.256 y
art. 2 de la Ley 24.660.

Por otra parte, no existe en la legislación vigente una norma
que contemple como falta o conducta prohibida la tenencia de elementos/aparatos de
telefonía celular, por lo que tal conducta resulta permitida por aplicación del principio de
legalidad (art.19 de la C.N.), a lo que debe agregarse que, en las particulares circunstancias en
que transcurren sus días las personas privadas de su libertad, al menos mientras dure la
suspensión de visitas y el aislamiento social, voluntario y obligatorio decretado por el PEN a
través del DNU N°297/20 ello se vincula además con el Derecho a la Familia, y mantener y
afianzar sus vínculos familiares (arts. 33, 75 inc.22 de la C.N.; 11, 12, 36 inc.1 de la Const. Prov.
Bs. As.; 4, 5, 8, 9.5 a) de la ley 12.256 y arts.1º, 2º y 158 y ccdtes. de la ley 24.660) y de manera
indirecta con el Derecho a la Salud (arts.33 y 75 inc.22 de la C.N.; 11, 12, 35 inc.8 de la Const.
Prov. Bs. As.; XI, XXV de la D.A.D.D.H.; 5 de la D.U.D.H.; 1, 5.2 de la C.A.D.H.; 16.1 Convención
contra la Tortura y Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes; 7, 10.1 del P.I.D.C.y P.; 9 inc.1º y
76 de la ley 12.256 y 9º 143 de la ley 24.660).

Por ello, la imposibilidad de contacto fluído y efectivo con sus familiares, que
podría derivar en un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención, deben cesar de
inmediato (art.405 del C.P.P.), por lo que corresponde HACER LUGAR a la acción de Habeas
Corpus interpuesta, y oficiar a las Autoridades Penitenciarias corespondientes, haciendo saber
las medias adoptadas, y requerir que se avoquen a la inmediata solución de la problemática
planteada, y se informe el temperamento adoptado sobre el particular.

Asimismo, se deberá comunicar todo lo actuado a las Autoridades Judiciales de
intervención y al presentante, a fin de poner en conocimiento lo resuelto a los efectos que
estimen corresponder.-

Por todo lo expuesto corresponde y así,

RESUELVO:

I. HACER LUGAR AL HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO promovido por
el Sr. Defensor General de San Martín, Dr. Andrés Harfuch, al que adhiriera el Sr. Defensor
General interino de San Isidro, Dr. Julio Bufone, pidiendo hacerlo extensivo a toda la población
carcelaria del Complejo Penitenciario de San Martín y dictaminara en forma favorable el Sr.
Fiscal de Ejecución Penal, Dr. Rodrigo Caro.

II. HACER SABER al Sr. Jefe del Complejo Penitenciario San Martín, Inspector
Mayor Carlos Enrique Suarez, y por su intermedio a cada une de les Directores de las Unidades
Penitenciarias 46, 47 Y 48, la habilitación inmediata del uso de telefonía celular por partes de
les celulares por los internes allí alojades. III. HASTA TANTO SE ESTABLEZCA UN PROTOCOLO O
REGLAMENTO PARA SU UTILIZACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA U ORGANISMOS
EN QUE ESTE LO DELEGUE, deberá el Sr. Jefe del Complejo Penitenciario, establecer una
reglamentación interna, que determine las pautas razonables de ingreso, registro, uso y
conservación de los equipos, tendientes a mantener una buena convivencia y el desarrollo
adecuado de las actividades cotidianas y el normal desenvolvimiento de la administración
(arts. 18, 33, 75 inc.22 de la Const. Nacional, 11, 12, 36 inc. 1 de la Const. Prov. Bs. As. 4, 5, 8,
9.5 a) de la ley 12.256 y arts.1º, 2º y 158 y ccdtes. de la ley 24.660, XI de la DADDH, 25 de la

DUDH, 5 y 17 de la CADH, 7 y 10 del PIDCP, 12 del PIDESyC., Regla 58 de las Reglas de Mandela,
Res. 1/08 de la Comisión Interamericana de DDHH, Principio XVIII).
Regístrese, notifíquese y una vez firme archívese.

Coronavirus – El estado debe garantizar salud en las carceles y a las familias.

COMUNICADO

Estamos sumergidxs en una pandemia. Es una situación de emergencia. El Estado argentino cobra protagonismo para cuidarnos y evitar una tragedia social. 

En este contexto de aislamiento obligatorio, se pone en evidencia una gravísima situación que hasta el momento había quedado invisibilizada: las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, han sido sostenidas por las familias de las personas privadas de libertad.

Las cárceles son espacios no aptos, donde no les están brindando ni la alimentación ni la medicación que necesitan las personas detenidas. La situación es grave, contundente. La visibilidad es vital, de vida o muerte. Hace años están forzadxs a vivir así, y hace años que así mueren, miles, a cargo del Estado. Pedimos a todos los medios que difundan esta situación. 

Las familias somos las mujeres, pobres y empobrecidas aún más por el impacto de la cárcel en nuestras vidas. Somos quienes visitamos a nuestrxs familiares presxs y cargamos con la presión de garantizar lo que el Estado no hace: mantener con vida a las personas detenidas

El Estado bonaerense, que hoy tiene privadas de su libertad a cerca de 50.000 personas, tiene presupuesto para garantizar la comida, las medicinas, los artículos de limpieza edilicia e higiene personal de las personas encarceladas. El Estado de Buenos Aires tiene mucho más presupuesto que nosotras para eso, pero no lo hace… desde hace años. Lo tenemos que hacer nosotras.

Hoy esto se hace evidente, cuando el Ministerio de Justicia, así como el Ministerio de Seguridad han emitido una resolución que nos permite la circulación para ASISTIR a nuestros familiares detenidos en cárceles o dependencias policiales

ASISTIR, en este caso, es un eufemismo para encubrir que se trata de suplir las obligaciones estatales. Si el Estado no puede garantizar la vida de las personas bajo su custodia, entonces, la pena se vuelve ilegítima. Ante esto manifestamos: 

  • Nosotras no podemos arriesgarnos a ser transmisoras del COVID19 al interior de nuestras familias, de nuestras comunidades y mucho menos al interior de las cárceles. 
  • Si el COVID19 entra en las cárceles bonaerenses, se va a encontrar con 50.000 personas en situación de gran vulnerabilidad, mal alimentadas, sin atención a la salud, viviendo en pésimas condiciones materiales y de higiene, y con niveles de hacinamiento inimaginables. 
  • Las mujeres familiares de detenidxs no somos médicas, ni bomberos, ni enfermeras. No cumplimos con un servicio esencial y no podemos circular por las calles
  • Muchas familias viven alejadas de las prisiones, lo que implica tomarse varios transportes públicos para llegar a las cárceles y estar horas y horas circulando. 
  • Nosotras somos familias con bajos recursos, somos trabajadoras de la economía informal. La mayoría de nosotras hemos perdido nuestros ingresos producto de la pandemia. No podemos seguir sosteniendo las cárceles de Buenos Aires. 

Hoy ya no es posible. Todas las personas debemos cumplir con el aislamiento decretado por nuestro presidente. ¿Por qué a nosotras nos obligan a salir?

El Estado tiene la obligación de evitar que la pandemia entre a las cárceles bonaerenses. 

Confiamos en la sensibilidad y en la escucha que esta gestión tiene con los sectores más castigados y desiguales de nuestra sociedad. Necesitamos quedarnos en casa sabiendo que el Estado va llegar a nuestrxs familiares para garantizar sus derechos y no poner en riesgo a toda la sociedad.