Cámara Federal de Casación Penal

Buenos Aires, 2 de abril de 2020.

En atención a la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y consultadas las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal, Dres. Gustavo M. Hornos –Vicepresidente 1°- y Alejandro W. Slokar – Vicepresidente 2°-, se dispone que los órganos de la jurisdicción tomen razón y adopten los recaudos pertinentes en orden a los puntos 1 y 2 de la Recomendación de la CIDH, que a continuación se transcriben:

1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19.

2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.

(http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2020/066.asp).

Comuníquese. Firmado: Angela E. Ledesma, Presidenta. Ante mí: Juan Manuel Montesano Rebón, Secretario General.

Habeas Corpus Colectivo No.16738 Utilización de Celulares.

San Isidro, 28 de Marzo de 2020. 18.30 hs.

AUTOS Y VISTOS: Los del presente incidente de Habeas Corpus Colectivo
Correctivo No.16738, interpuesto por el Sr. Defensor General de San Martín, Dr. Andrés
Harfuch, al que adhiriera el Sr. Defensor General Interino de San Isidro, Dr. Julio Buffone, en
favor de las personas privadas de su libertad en el Complejo Penitenciario de San Martín,
(Unidades 46, 47 y 48):

Y CONSIDERANDO:
I. Que en el día de la fecha, en horas del mediodía (13.08), fue remitido al
correo oficial la presente acción de hábeas corpus, solicitando el peticionante que se ordene al
Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense la flexibilización de los controles reglamentarios
sobre telefonía celular e Internet en la Unidades 46, 47 y 48, permitiendo así su utilización con
fines de comunicación con sus familiares, al menos por el tiempo que duren las medidas de
excepción mencionadas (vgr. aislamiento social, preventivo y obligatorio).

Por tal motivo se ordenó corre vista al Sr. Fiscal de Ejecución y al Sr. Defensor
General Interino de este departamento Judicial, la que fuera comunicada en forma telefónica
por el suscripto, a la vez que se requirió al Sr. Jefe del Complejo Penitenciario San Martín,
Inspector Mayor Carlos Suarez, que informe acerca de la factibilidad de implementar la
medida, como así también se expidiera sobre los efectos que tal posibilidad aportaría a fin de
descomprimir la situación actual de la población carcelaria.

Siendo las 14.38hs. El Inspector Mayor Carlos Suárez, remitió a mi celular
personal un mensaje de audio, donde daba cuenta de la importancia de contar con dicha
herramienta (el uso de telefonía celular), considerando favorable implementar la medida, más
en los tiempos que corren, ya que contribuiría a bajar la ansiedad de parte de la población y
que sientan así la proximidad de sus familiares, en lo que califica como una situación límite,
dejando a salvo la necesidad de regular su uso.-

Recibido dicho informe, lo reenvié al Sr. Fiscal de Ejecución, Dr. Rodrigo Caro,
quien a las 14.50hs. respondió por la misma vía (mesaje de audio), y dictaminó en forma
favorable, considerando que tanto la telefonía celular como otras formas de comunicación
online que pueda establecerse desde la unidad, lo que a su criterio contribuye a mantener la
paz social dentro de los establecimientos penitenciarios mientras dura esta situación
excepcional y mantener los vículos familiares.

Del mismo modo comuniqué al Dr. Julio Buffone, interinamente a cargo de la
Defensoría General departamental, lo informado por el Inspector Mayor Suárez y lo
dictaminado al respecto por el Sr. Fiscal. Ante ello, respondió la vista conferida a través del
correo electrónico (personal) sosteniendo que: "comparto en un todo los argumentos vertidos
por el Sr. Defensor General de San Martín Dr. Andrés Harfuch, adhiriendo a los mismos, así
como a los que se me hicieran llegar, expuestos por el Dr. Rodrigo Caro en nombre de la

fiscalía departamental. Por tanto, solicito se resuelva favorablemente la pretensión expuesta,
y se amplíe la medida, a todos los internos alojados en el Complejo Penitenciario San Martín,
sin tener en cuenta la jurisdicción a la que pertenecen".

II. Llegado el momento de resolver, debo señalar en primer lugar que mi
intervención resulta habilitada en los términos del art.25 incs.3 y 4 del C.P.P. respecto de todas
las personas privadas de su libertad a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N°1
departamental, debiendo intervenir además, al menos cautelarmente respecto de las demás
personas allí alojadas, teniendo en cuenta la urgencia del caso y la actual situación sanitaria,
social y carcelaria, que no permite demoras.

En tal sentido tengo en cuenta que en el Complejo Penitenciario San Martín se
encuentran actualmente alojadas 2995 personas, entre las cuales 2612 forman parte de la
población masculina y 383 integran la población femenina. Por otra parte, debido la las
gestiones realizadas en la mesa de diálogo integrada por personal penitenciario y personas
privadas de su libertad, se ha consensuado la decisión de no recibir visitas como manera de
contribuir a las medidas sanitarias recomendadas por la OMS, a fin de reducir la circulación de
personas y con ello disminuir al mínimo las posibilidades de propagación del COVID-19.-
Tal decisión ha tenido consecuencias negativas en la totalidad de la población
carcelaria, que no solo ha visto mermada la posibilidad de mantener contacto físico con sus
respectivas familia, sino que además de ello se encuentran en estado de incertidumbre al no
poder comunicarse y estar al tanto de la situación de sus seres queridos, en circunstancias en
que continuamente desde numerosos medios de comunicación se informan consecuencias
letales en la población general, debido a la pandemia.

En este contexto, tengo en cuenta además que se encuentran
suspendidas todas las actividades dentro del ámbito penitenciario. Por ello, a fin de evitar que
tales restricciones -suspensión de visitas- se conviertan en un agravamiento arbitrario de las
condiciones de detención, resulta de vital importancia lo informado por el Inspector Mayor
Carlos Suárez, Jefe del Complejo Penitenciario, en el sentido que dicha herramienta sin dudas
contribuirá a disminuir las tensiones existentes en la población ya que de ese modo podrían
mantener contacto fluído con sus familiares, no sólo aquellas personas que recibían visitas,
sino también en los casos en que por cuestiones económicas, de distancia u otras dificultades,
éstas se veían imposibilitadas.-

A mayor abundamiento, el Sr. Fiscal interviniente también se
ha pronunciado de manera favorable respecto de lo solicitado al considerar que la telefonía
celular es el medio idóneo para garantizar el contacto familiar, y contribuye a la paz social
dentro de los establecimientos carcelarios en estas circunstancias, como así también cualquier
otra forma de comunicación online que puedan realizar a través de la unidad.

En ese sentido he sostenido en numerosos pronunciamiento
que la posibilidad de tener consigo un equipo de telefonía celular se relaciona de modo directo
con el derecho de toda persona alojada en el ámbito carcelario a mantener comunicación
telefónica con el exterior a su costo, conforme lo normado el art. 9 inc. 5 a) de Ley 12.256 y
art. 2 de la Ley 24.660.

Por otra parte, no existe en la legislación vigente una norma
que contemple como falta o conducta prohibida la tenencia de elementos/aparatos de
telefonía celular, por lo que tal conducta resulta permitida por aplicación del principio de
legalidad (art.19 de la C.N.), a lo que debe agregarse que, en las particulares circunstancias en
que transcurren sus días las personas privadas de su libertad, al menos mientras dure la
suspensión de visitas y el aislamiento social, voluntario y obligatorio decretado por el PEN a
través del DNU N°297/20 ello se vincula además con el Derecho a la Familia, y mantener y
afianzar sus vínculos familiares (arts. 33, 75 inc.22 de la C.N.; 11, 12, 36 inc.1 de la Const. Prov.
Bs. As.; 4, 5, 8, 9.5 a) de la ley 12.256 y arts.1º, 2º y 158 y ccdtes. de la ley 24.660) y de manera
indirecta con el Derecho a la Salud (arts.33 y 75 inc.22 de la C.N.; 11, 12, 35 inc.8 de la Const.
Prov. Bs. As.; XI, XXV de la D.A.D.D.H.; 5 de la D.U.D.H.; 1, 5.2 de la C.A.D.H.; 16.1 Convención
contra la Tortura y Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes; 7, 10.1 del P.I.D.C.y P.; 9 inc.1º y
76 de la ley 12.256 y 9º 143 de la ley 24.660).

Por ello, la imposibilidad de contacto fluído y efectivo con sus familiares, que
podría derivar en un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención, deben cesar de
inmediato (art.405 del C.P.P.), por lo que corresponde HACER LUGAR a la acción de Habeas
Corpus interpuesta, y oficiar a las Autoridades Penitenciarias corespondientes, haciendo saber
las medias adoptadas, y requerir que se avoquen a la inmediata solución de la problemática
planteada, y se informe el temperamento adoptado sobre el particular.

Asimismo, se deberá comunicar todo lo actuado a las Autoridades Judiciales de
intervención y al presentante, a fin de poner en conocimiento lo resuelto a los efectos que
estimen corresponder.-

Por todo lo expuesto corresponde y así,

RESUELVO:

I. HACER LUGAR AL HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO promovido por
el Sr. Defensor General de San Martín, Dr. Andrés Harfuch, al que adhiriera el Sr. Defensor
General interino de San Isidro, Dr. Julio Bufone, pidiendo hacerlo extensivo a toda la población
carcelaria del Complejo Penitenciario de San Martín y dictaminara en forma favorable el Sr.
Fiscal de Ejecución Penal, Dr. Rodrigo Caro.

II. HACER SABER al Sr. Jefe del Complejo Penitenciario San Martín, Inspector
Mayor Carlos Enrique Suarez, y por su intermedio a cada une de les Directores de las Unidades
Penitenciarias 46, 47 Y 48, la habilitación inmediata del uso de telefonía celular por partes de
les celulares por los internes allí alojades. III. HASTA TANTO SE ESTABLEZCA UN PROTOCOLO O
REGLAMENTO PARA SU UTILIZACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA U ORGANISMOS
EN QUE ESTE LO DELEGUE, deberá el Sr. Jefe del Complejo Penitenciario, establecer una
reglamentación interna, que determine las pautas razonables de ingreso, registro, uso y
conservación de los equipos, tendientes a mantener una buena convivencia y el desarrollo
adecuado de las actividades cotidianas y el normal desenvolvimiento de la administración
(arts. 18, 33, 75 inc.22 de la Const. Nacional, 11, 12, 36 inc. 1 de la Const. Prov. Bs. As. 4, 5, 8,
9.5 a) de la ley 12.256 y arts.1º, 2º y 158 y ccdtes. de la ley 24.660, XI de la DADDH, 25 de la

DUDH, 5 y 17 de la CADH, 7 y 10 del PIDCP, 12 del PIDESyC., Regla 58 de las Reglas de Mandela,
Res. 1/08 de la Comisión Interamericana de DDHH, Principio XVIII).
Regístrese, notifíquese y una vez firme archívese.

[TN] En la Argentina hay 146 mil niños, niñas y adolescentes con uno de sus padres preso

[TN] En la Argentina hay 146 mil niños, niñas y adolescentes con uno de sus padres preso

PUBLICACIÓN ORIGINAL: https://amp.tn.com.ar/policiales/en-la-argentina-hay-146-mil-ninos-ninas-y-adolescentes-con-uno-de-sus-padres-preso_1013600

Una investigación de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que el 17% no está al tanto de que uno de sus papás está detenido. Un relevamiento de la Procuración Penitenciaria de la Nación estima que en el país hay unos 146 mil niños, niñas y adolescentes con al menos uno de sus padres preso. El estudio plantea que en la Argentina la población privada de la libertad y la cantidad de familiares de presos y presas aumenta cada año. En la actualidad, hay alrededor de 92 mil personas encarceladas, detalla la Procuración.
La investigación, que contó con la colaboración de la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFAD), la oficina Regional de Church World Service (CWS) para América Latina y el Caribe, y con el apoyo de UNICEF, se propuso indagar sobre el impacto de la cárcel en la vida de los hijos de los reclusos, mediante una encuesta y entrevista en profundidad.”A partir de la detención de uno de sus integrantes es frecuente que las familias se muden u opten por convivir con otras personas. Esto va asociado muchas veces al desmembramiento del núcleo familiar, razón por la cual, en ocasiones, los niños pasan a vivir con diferentes familiares cercanos, o incluso, en Hogares y otras instituciones estatales. A su vez, puede ocurrir que los hermanos sean separados para repartir responsabilidades de cuidado entre diferentes personas del entorno familiar”, señala el estudio.

“A la hora de analizar quién se hace responsable de los niños, niñas y adolescentes (NNA) una vez que sus progenitores son detenidos, se observan importantes diferencias según se trate del encarcelamiento de su padre o su madre. Mientras que la enorme mayoría de los varones presos señalan que sus hijos o hijas se encuentran a cargo de sus madres (84%), menos de un 20% de las mujeres detenidas indicó que los padres de sus hijos o hijas son los responsables de su cuidado y custodia (19%)”.”Algo similar sucede con los y las adolescentes de entre quince y diecisiete años, cuyos padres y madres mencionaron que no viven ni se encuentran a cargo de ningún familiar, por lo cual están solos. Mientras que solo el 5% de los hijos o hijas de padres presos están en esta situación, el porcentaje se duplica cuando la encarcelada es su madre”, detalla.

Crecer de golpe

Los hijos de los presos sufren las consecuencias del encierro en sus propias vidas. “Es muy frecuente que los y las NNA pasen a ocupar roles de cuidado de otras personas, desfasados respecto de sus momentos vitales. En este sentido, una situación que apareció con mucha frecuencia es la necesidad de hacerse cargo de sus hermanos menores. Muchos de los NNA dijeron que tuvieron que “crecer de golpe”. Como consecuencia, tuvieron que dejar sus actividades cotidianas, incluso la escuela“, destaca el informe con preocupación.Por otro lado, el 17% de las personas detenidas señalaron que sus hijos e hijas no sabían que ellos estaban presos y el 46% no visitan a sus progenitores. Como contracara, surge que el 54% de los niños y niñas alguna vez visitó a sus progenitores en prisión pero solo el 23% de los niños y niñas visitan con regularidad a su progenitor encarcelado.

“El 91% de las personas detenidas en cárceles del interior del país con familias asentadas en Buenos Aires, no recibe visitas de sus hijos e hijas. Esto significa que nueve de cada diez personas alojadas por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires deja de ver a sus hijos pequeños”, destaca el estudio.

[PÁGINA 12] Infancias atravesadas por el encierro

[PÁGINA 12] Infancias atravesadas por el encierro

PUBLICACIÓN ORIGINAL: 27 de noviembre, 2019 https://www.pagina12.com.ar/233459-infancias-atravesadas-por-el-encierro

Según un informe, en el 62 por ciento de los casos la persona detenida constituía el principal aporte económico del hogar.

Los datos duros muestran que en Argentina hay 92.000 personas presas, 500.000 personas que tienen un familiar en la cárcel y aproximadamente 150.000 niños, niñas y adolescentes que tienen un familiar privado de su libertad. Sin embargo, cómo el encarcelamiento atraviesa la vida de esas miles de familias, cómo se reconfiguran los vínculos afectivos, cómo afecta a los hijos tener a su madre o padre presos y cómo se ejerce el rol paterno o materno desde el encierro son sólo algunas de las preguntas que aún no tienen respuestas en las políticas de seguridad. Para explorar ese terreno, visibilizar las situaciones y proponer algunas vías de acción, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), junto con la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad), la oficina Regional para América Latina y el Caribe de Church World Service (CWS) y el apoyo técnico y financiero de Unicef, encaró una investigación cuyos resultados presentó esta semana.

El estudio “Más allá de la prisión: Paternidades, maternidades e infancias atravesadas por el encierro” (informe completo )buscó responder estos interrogantes, entre otros, a través de las percepciones y experiencias de las personas privadas de su libertad y de sus familiares, a través de encuestas y entrevistas en profundidad. Para completar el panorama, también entrevistaron a funcionarios penitenciarios.

Andrea Triolo, subdirectora de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la PPN y coordinadora del estudio, dijo a Página/12 que “el mérito del trabajo, único a nivel regional, es que incorpora los relatos de las tres voces, las personas presas, sus familias y sus hijos e hijas“.

Si bien muchas de las cuestiones que surgieron fueron advertidas en su momento por la Procuración, toman otra dimensión desde la óptica de las personas privadas de su libertad. “El informe busca visibilizar el impacto que tiene y cómo atraviesan esta situación las personas que tiene un familiar preso, en un contexto donde no hay política públicas pensadas para ese colectivo que es enorme y nunca estuvo en la agenda política”, explicó Triolo.

Y agregó que lo primero que sucede, el primer golpe, “es la soledad en la que queda envuelta la familia cuando uno de sus integrantes es privado de su libertadSin orientación, sin lugar a dónde recurrir. Un mundo nuevo en el que no saben cómo hacer, cómo contar la situación, cómo explicarle a un hijo que su mamá o su papá está preso, con quién hablarlo. Ausencia y soledad, es la primera marca” producto, en parte, “de la falta de articulación y las políticas fragmentadas de las instituciones para tener un abordaje integral que de soporte a las familias”.

El informe señala que la mayoría de las personas detenidas y sus familiares pertenecen a los sectores más pobres, por lo cual, las detenciones agravan la vulnerabilidad. “En el 62% de los casos la persona detenida constituía el principal aporte económico del hogar”. Además, “las visitas a las unidades carcelarias, la concurrencia periódica a los juzgados y defensorías; la necesidad de proveer a las PPL de los insumos básicos como vestimenta, elementos de higiene o comida, así como la permanente compra de tarjetas telefónicas  para sostener los vínculos, incrementan los gastos familiares.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los allanamientos son, en muchos casos, la primera experiencia de violencia que deben afrontar. Después llega el momento de resolver al cuidado de quién quedan, y ahí el informe señala “importantes diferencias según se trate del encarcelamiento de su padre o su madre. Mientras que la enorme mayoría de los varones presos señalan que sus hijos/as se encuentran a cargo de sus madres (84%), menos de un 20% de las mujeres detenidas indicó que los padres de sus hijos/as son los responsables de su cuidado y custodia (19%)“. Algo similar sucede con los adolescentes “de entre quince y diecisiete años, cuyos padres y madres mencionaron que no viven ni se encuentran a cargo de ningún familiar, por lo cual están solos. Mientras que solo el 5% de los hijos o hijas de padres presos están en esta situación, el porcentaje se duplica cuando la encarcelada es su madre”.

Al respecto, Triolo sostuvo que buscaron impregnar con perspectiva de género el estudio e interpelar la voz del hombre, para que la mujer no quede en el rol estereotipado de las tareas de cuidado familiar.

Del relevamiento surge también que tras la detención del adulto, los NNA pasan “a ocupar roles de cuidado de otras personas, desfasados respecto de sus momentos vitales“, siendo la situación más común la de hacerse cargo de hermanos menores. Los relatos de los chicos en el estudio van desde el deseo e interés por sostener los vínculos con la persona detenida, a cómo tuvieron que reconfigurar sus vidas para hacerse cargo de hermanitos o el estigma escolar que implica la detención de un familiar.

“El objetivo fue visibilizar los obstáculos que conspiran contra el mantenimiento de los vínculos, algunos simples, como acondicionar el espacio de visitas, y el empoderamiento de la familia y la persona presa que despliegan estrategias frente a estas situaciones, que implican un plus de sufrimiento. Además de generar una serie de recomendaciones en las que trabajar, porque hay que entender que la persona a la que se mete presa tiene una historia, una familia, hijos, en los que la detención impacta“.

[UNSAM] Género y vida en la cárcel: ¿Quién visita a lxs detenidxs?

[UNSAM] Género y vida en la cárcel: ¿Quién visita a lxs detenidxs?

PUBLICACIÓN ORIGINAL: 3 de septiembre, 2019 http://noticias.unsam.edu.ar/2019/09/02/genero-y-vida-en-la-carcel-quien-visita-a-lxs-detenidxs/?fbclid=IwAR3FC7bD_JIRn3VXMZs94S8dse68iGd_3-s4Wq1KCW4x4SFwdX2eH8voabU

Referentes del territorio, familiares de detenidxs, autoridades del Centro Universitario San Martín y especialistas de la UNSAM debatieron sobre el acceso a derechos de las mujeres privadas de su libertad y sobre las problemáticas de las familias que visitan a lxs detenidxs.

El encuentro se hizo en el marco del Ciclo de Mesas de Coyuntura del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM, que busca ampliar el debate sobre temas de actualidad más allá de la academia.

Durante la charla se habló de la vulneración de derechos de las personas detenidas en la Argentina, con foco en las experiencias de las mujeres y sus familias. “Cuando hablamos de cárcel, hablamos de vulneración de derechos”, dijo Inés Mancini, socióloga del IDAES. La especialista aseguró que “está demostrado estadísticamente que las mujeres detenidas están en una situación de vulnerabilidad mayor” y destacó que, en muchos casos, el ingreso de las mujeres a la cárcel “invisibiliza una situación de abuso previo o de violencia de género”.

La forma en que la detención de un familiar afecta a las mujeres es, también, una situación de vulneración de derechos que en muy pocas ocasiones se percibe. “Cuando analizamos la cárcel, solo pensamos en las personas que están detenidas”, señaló Andrea Casamento, integrante de la Asociación de Detenidos en Cárceles Federales. “Es muy difícil ver a las familiares que las transitamos y las sostenemos”, dijo. Pero ese sostén no es meramente simbólico, sino también material. “Las familiares servimos, cuidamos, acompañamos y mantenemos vivas a las personas privadas de su libertad. Algo que también se expande a cuestiones legales y procesales: para pedir una salida transitoria hacen una evaluación que incluye los vínculos familiares. Por ejemplo, si un/a interno/a no tiene visitas, ya tiene menos concepto. Y ¿quién tiene que ir a visitarlx? Nosotras”, denunció Casamento.

Quienes van a las cárceles a visitar detenidxs son mujeres. A esto, Mancini añadió: “En las relaciones que se tejen alrededor del sistema penitenciario, se replican las relaciones de cuidado que suelen percibirse como generalidad en el ámbito social. Las sociedades se reproducen porque alguien —en general, una mujer—, toma a su cargo tareas de cuidado que están en el terreno de lo privado, de lo afectivo”, dijo al respecto la socióloga. Y remarcó que “en la cárcel también hay tareas de cuidado que hacen a la reproducción, y que son atravesadas por las mismas desigualdades de género, agravadas por el sistema carcelario”.

Hay otro aspecto de disparidad que tiene que ver con cómo se tejen los vínculos familiares de las mujeres detenidas. En este sentido, Nancy Salvatierra, integrante del Área de Articulación Territorial de la UNSAM y coordinadora de talleres de teatro en cárceles, dijo que “las mujeres detenidas están solas” y relató: “Las mujeres van a la cárcel a visitar a sus hombres, no visitan a sus hijas o a sus madres. En la visita para hombres van a ver colas de mujeres cargadas con niños, pero la cola de visita de mujeres no existe, no hay nadie”.

Por su parte, Natalia Ojeda, directora del Centro Universitario San Martín (CUSAM), participó de la actividad en representación de la Mesa de Trabajo de Revisión del Plan Director de la Política Penitenciaria Argentina. Esta iniciativa, coordinada por Ojeda junto con la docente e investigadora del IDAES Andrea Lombraña, busca repensar el funcionamiento del sistema penitenciario argentino en conjunto con el personal superior retirado del Servicio Penitenciario Federal. “Toda gestión hay que hacerla en conjunto con las fuerzas. No hay forma de cambiar o transformar algo sin involucrarlas”, dijo Ojeda, quien subrayó que “el tema no es contra las y los agentes penitenciarios. El trabajador penitenciario tiene un trabajo muy difícil”. En la misma dirección, Casamento opinó que “la gente que trabaja en la cárcel está casi tan mal como los presos”. La representante de familiares de detenidos señaló la necesidad de una discusión profunda sobre el rol de la cárcel: “Tenemos que exigir políticas públicas en todas las áreas  —salud, educación, trabajo—, que contemplen la realidad de las personas privadas de la libertad. Si no, vamos a seguir pensando la cárcel como un lugar aislado del planeta”, concluyó.

De la actividad participaron representantes del territorio, docentes y talleristas de complejos carcelarios pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense. Moderó María de las Nieves Puglia, de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM, y presentó Luciana Anapios, secretaria de Relaciones Institucionales del IDAES.

[Clarín] Andrea, la líder que transformó su experiencia en las cárceles en una Asociación

[Clarín] Andrea, la líder que transformó su experiencia en las cárceles en una Asociación

PUBLICACIÓN ORIGINAL: https://www.clarin.com/sociedad/andrea-lider-transformo-experiencia-carceles-asociacion_0_2_6q_Z9T.html

Andrea Casamento es la líder de ACIFAD, una organización que acompaña y asesora a los familiares de personas detenidas. Un espacio de contención y de ayuda para quienes se sienten desamparados frente al mundo de la cárcel. Su labor fue reconocida por Premio Abanderados, ciclo que destaca a líderes sociales que son ejemplos de solidaridad (…)

Hace 15 años su vida dio un giro inesperado. De la noche a la mañana se enfrentó a un mundo totalmente desconocido, sin darse cuenta se vio rodeada de palabras hasta entonces ajena: sentencia, prisión, abogados, jueces…

Una noche su hijo estaba con amigos en Palermo, cuando la policía se lo llevó preso por error al Complejo Penitenciario de Ezeiza. Lo confundieron con otra persona que había robado 4 empanadas y, desde ese pequeño instante, se enfrentó al sistema judicial, los prejuicios y el trato social que reciben los familiares de los detenidas.Newsletters ClarínLo más leído del día

Enterate de qué se habló hoy para no quedarte afuera del mundo

En ese entonces, Andrea no encontraba un espacio en donde pudieran contenerla o guiarla. “Te acostumbrás a que un día te digan una cosa, mañana otra, no tenes herramientas de cómo defenderte, y no sabés a qué oficina ir a pedir ayuda”, cuenta Andrea Casamento, quién fundó la Asociación Familiares de Detenidos de Cárceles Federales (ACIFAD), con el objetivo de llenar ese vacío tan necesario.

“Lloramos mucho durante dos años”, relata la Abanderada, pero en el 2008 decidió ponerle fin a ese sufrimiento y hacerle frente a su problema. Junto a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo, crearon la fundación para acompañar y promover los derechos de familiares de personas privadas de su libertad, fomentando las soluciones colectivas y las acciones de incidencia a partir del trabajo en red.

Andrea Casamento.

Andrea Casamento.

La unión hace la fuerza

Según la fundación, hay más de 85 mil personas privadas de su libertad en el país, lo que implica cerca de medio millón de personas con un familiar directo preso y muchos de ellos, niños y adolescentes, con un desarrollo de vida distinto marcado por las circunstancias familiares que deben atravesar.

Todos los martes a las 5 de la tarde suena el timbre en la sede de ACIFAD en pleno centro porteño. Allí se juntan los familiares de detenidos a contar lo que les pasa y lo que sienten, acompañados por un equipo de profesionales voluntarios. “En ese encuentro, los problemas dejan de ser individuales y pasan a ser un poco más colectivos”, explica Belén García, psicóloga de la organización.

Andrea Casamento, Abanderada de la Argentina Solidaria 2019.

Andrea Casamento, Abanderada de la Argentina Solidaria 2019.

En los últimos diez años, más de 10.000 personas recibieron asesoramiento y acompañamiento y más de 2.000 han participado en los grupos de apoyo en Buenos Aires. Andrea recibe consultas por teléfono las 24 horas del día provenientes de personas detenidas y/o familiares que necesitan ayuda, y les proveen una red de recursos útiles para resolver sus inquietudes.

La asociación está compuesta por un equipo multidisciplinario de psicólogos, sociólogos, antropólogos y profesores de educación física, entre otras disciplinas.

Vivir marcada por la cárcel

Kelly acababa de recibir la noticia de que su marido había sido detenido, “estaba desesperada, me encontré sin ayuda, no sabía qué hacer”, cuenta. Hasta que conoció ACIFAD, “allí encontré una contención grande, una familia”. La fundación es el respiro que estas personas necesitan, y Andrea afirma que “cuando ves que esto se comparte con otras, te hace fuerte, te hace distinta”.

Andrea Casamento, Abanderada de la Argentina Solidaria 2019.

Andrea Casamento, Abanderada de la Argentina Solidaria 2019.

A través de la cárcel, Andrea entendió que nadie más debería pasar ese momento solo. Supo ponerse en el lugar de todas esas personas, mayoritariamente mujeres, que de pronto tienen “un trabajo doble: mantener la casa y llevar alimento a la persona presa; hacer los trámites judiciales; sostener a la familia que queda afuera y a quien está adentro, sos el nexo entre los dos mundos”.

Su deseo es “que la cárcel impacte en las vidas con el menor daño posible, garantizar que todos podamos tener una vida normal”. Y como buena luchadora, sostiene que lo que no te mata te fortalece, “tenemos que tomar las circunstancias adversas que nos tocan atravesar, y transformarlas en una oportunidad”.

Andrea Casamento, Abanderada de la Argentina Solidaria 2019.

Andrea Casamento, Abanderada de la Argentina Solidaria 2019.

Premio Abanderados de la Argentina Solidaria

Desde hace 10 años, el Premio Abanderados de la Argentina Solidaria, impulsado por El Trece, Fundación Noble y Luz Libre Contenidos, reconoce y difunde las historias de las personas que dedican su vida a transformar la de los demás.

Con esta nueva edición, ya se destacaron 88 Abanderados de distintas partes del país que son un ejemplo de solidaridad. Las historias de los Abanderados 2019 serán difundidas por la pantalla del Trece y redes sociales, y luego el público podrá votar al Abanderado del Año.

Más información: www.premioabanderados.com.ar TW: @AbanderadosARG FB: /PremioAbanderados IG: @abanderados