Andrea Casamento asumió en la ONU

Andrea Casamento

Nuestra compañera Andrea Casamento, asumió su rol ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para formar parte del Subcomité de prevención de la Tortura.

Estamos convencidxs que en este nuevo desafío, trabajarás como siempre con mucho esmero en la prevención de la tortura, en pos de garantizar y ampliar los derechos de las personas privadas de su libertad y sus familias

Equipo de ACIFAD

Reunión con el equipo de Inspecciones en condiciones de encierro de la CPM.

Mantuvimos una reunión el 08/07/2021 con el equipo de Inspecciones en condiciones de encierro de la Comisión Provincial por la Memoria para articular sobre las situaciones de les hijes de las mujeres detenidas y el ejercicio de la maternidad en este contexto. 

Es importante reflexionar sobre lo que sucede con las mujeres detenidas y sus hijes. Creemos sumamente importante que se realicen acciones concretas para acompañar a las mujeres que maternan en las cárceles.

Presentación informe de nuestra investigación: La Post Salud Carcelaria

Presentación informe de nuestra investigación: La Post Salud Carcelaria

En el Día Mundial de la Salud queremos invitarles al Conversatorio en el cual presentaremos el Informe de nuestra Investigación sobre la Salud en las Cárceles: La Post Salud Carcelaria (realizada durante el 2020). 

Las conclusiones de este relavamiento nos preocupan enormemente ya que no sólo afectan a las personas privadas de libertad, sino también a todas sus familias.

Sabemos que el problema es complejo, y por eso creemos en la necesidad de generar una agenda y espacio intersectorial de trabajo que contribuya a revertir esta situación.  

En este Conversatorio nos acompañarán importantes referentes en derechos humanos, salud y sistema penal:  

Homer Venters (EEUU), Iñaki Rivera Beiras (España), Miguel Sarre (México), Hugo Spinelli (Argentina)

Realizaremos traducción simultánea.

Les esperamos el 7 de abril, 17 hs. (Argentina) Link de ingreso: http://bit.ly/VivoFacebookAcifad

Contaremos con la presencia de Andrea Casamento, familia y Presidenta de ACIFAD y de Patricia Tevez, familiar y Coordinadora del Equipo de Asesoramiento jurídico-social de ACIFAD.

Modera: Laura Maccarrone – Responsable del Área de Incidencia de ACIFAD

Sobre los participantes al Conversatorio:

Dr. Homer Venters, profesor clínico asociado, Facultad de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York. Es médico y epidemiólogo que trabaja en la intersección del encarcelamiento, la salud y los derechos humanos. Ha sido designado recientemente para formar parte del Grupo de Trabajo sobre Equidad en Salud COVID-19 de Biden-Harris. Desde abril de 2020, se ha centrado en abordar las respuestas al COVID-19 en cárceles, prisiones e instalaciones de detención de inmigrantes. Fue director médico de NYC Correctional Health Services y autor de Life and Death in Rikers Island. También ha trabajado en el sector sin fines de lucro como Director de Programas de Médicos por los Derechos Humanos y Presidente del Servicio de Salud Correccional Orientado a la Comunidad. 

Iñaki Rivera Beiras, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (Centro de Investigación Universitario reconocido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña) y Director Científico del Master oficial en Criminología; Política Criminal y Sociología Jurídico Penal y del Doctorado en Derecho y Ciencia Política de la UB. Ha sido Investigador principal en 56 proyectos de investigación financiados por organismos públicos catalanes, estatales y de la Unión Europea.  Es autor de más de 200 publicaciones en materias relativas a la Criminología, Política Criminal, Penología, Sociología jurídico penal y Derechos Humanos.

Miguel Sarre, profesor de derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la Ciudad de México. Fue miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (2004- 2015). Fue promotor de la institución del ombudsman y el primero en ocupar el cargo de ombudsperson en el país. Ha trabajado en la implementación y legislación de oficinas estatales que apoyen las herramientas de investigación de las defensorías públicas y el debido proceso dentro del sistema penitenciario y el sistema adversarial en México. Es consejero de la organización pionera para los familiares de personas privadas de libertad, Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur.

Hugo Spinelli, médico y Doctor en Salud Colectiva por Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Campinas‐ SP‐ Brasil. También es Profesor Investigador Titular por Concurso de la asignatura: Gestión de Organizaciones de Salud. Es Director del Instituto de Salud Colectiva. Fue director del Doctorado en Salud Colectiva, de la Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas y de la Carrera de Especialización en Gestión en Salud de la Universidad Nacional de Lanús, por la UNLA.

Este informe de coyuntura presenta una serie de datos que surgen de un relevamiento realizado por ACIFAD entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2020 con una muestra de 515 personas detenidas en 63 cárceles y alcaidías del país. El objetivo de la investigación es generar información actualizada sobre la atención de la salud en las cárceles argentinas en el 2020 para conocer los riesgos reales ante el COVID19.

El informe fue producido por Nicolás Maggio y Laura Maccarrone.

Cámara Federal de Casación Penal

Buenos Aires, 2 de abril de 2020.

En atención a la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y consultadas las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal, Dres. Gustavo M. Hornos –Vicepresidente 1°- y Alejandro W. Slokar – Vicepresidente 2°-, se dispone que los órganos de la jurisdicción tomen razón y adopten los recaudos pertinentes en orden a los puntos 1 y 2 de la Recomendación de la CIDH, que a continuación se transcriben:

1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19.

2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.

(http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2020/066.asp).

Comuníquese. Firmado: Angela E. Ledesma, Presidenta. Ante mí: Juan Manuel Montesano Rebón, Secretario General.

Habeas Corpus Colectivo No.16738 Utilización de Celulares.

San Isidro, 28 de Marzo de 2020. 18.30 hs.

AUTOS Y VISTOS: Los del presente incidente de Habeas Corpus Colectivo
Correctivo No.16738, interpuesto por el Sr. Defensor General de San Martín, Dr. Andrés
Harfuch, al que adhiriera el Sr. Defensor General Interino de San Isidro, Dr. Julio Buffone, en
favor de las personas privadas de su libertad en el Complejo Penitenciario de San Martín,
(Unidades 46, 47 y 48):

Y CONSIDERANDO:
I. Que en el día de la fecha, en horas del mediodía (13.08), fue remitido al
correo oficial la presente acción de hábeas corpus, solicitando el peticionante que se ordene al
Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense la flexibilización de los controles reglamentarios
sobre telefonía celular e Internet en la Unidades 46, 47 y 48, permitiendo así su utilización con
fines de comunicación con sus familiares, al menos por el tiempo que duren las medidas de
excepción mencionadas (vgr. aislamiento social, preventivo y obligatorio).

Por tal motivo se ordenó corre vista al Sr. Fiscal de Ejecución y al Sr. Defensor
General Interino de este departamento Judicial, la que fuera comunicada en forma telefónica
por el suscripto, a la vez que se requirió al Sr. Jefe del Complejo Penitenciario San Martín,
Inspector Mayor Carlos Suarez, que informe acerca de la factibilidad de implementar la
medida, como así también se expidiera sobre los efectos que tal posibilidad aportaría a fin de
descomprimir la situación actual de la población carcelaria.

Siendo las 14.38hs. El Inspector Mayor Carlos Suárez, remitió a mi celular
personal un mensaje de audio, donde daba cuenta de la importancia de contar con dicha
herramienta (el uso de telefonía celular), considerando favorable implementar la medida, más
en los tiempos que corren, ya que contribuiría a bajar la ansiedad de parte de la población y
que sientan así la proximidad de sus familiares, en lo que califica como una situación límite,
dejando a salvo la necesidad de regular su uso.-

Recibido dicho informe, lo reenvié al Sr. Fiscal de Ejecución, Dr. Rodrigo Caro,
quien a las 14.50hs. respondió por la misma vía (mesaje de audio), y dictaminó en forma
favorable, considerando que tanto la telefonía celular como otras formas de comunicación
online que pueda establecerse desde la unidad, lo que a su criterio contribuye a mantener la
paz social dentro de los establecimientos penitenciarios mientras dura esta situación
excepcional y mantener los vículos familiares.

Del mismo modo comuniqué al Dr. Julio Buffone, interinamente a cargo de la
Defensoría General departamental, lo informado por el Inspector Mayor Suárez y lo
dictaminado al respecto por el Sr. Fiscal. Ante ello, respondió la vista conferida a través del
correo electrónico (personal) sosteniendo que: "comparto en un todo los argumentos vertidos
por el Sr. Defensor General de San Martín Dr. Andrés Harfuch, adhiriendo a los mismos, así
como a los que se me hicieran llegar, expuestos por el Dr. Rodrigo Caro en nombre de la

fiscalía departamental. Por tanto, solicito se resuelva favorablemente la pretensión expuesta,
y se amplíe la medida, a todos los internos alojados en el Complejo Penitenciario San Martín,
sin tener en cuenta la jurisdicción a la que pertenecen".

II. Llegado el momento de resolver, debo señalar en primer lugar que mi
intervención resulta habilitada en los términos del art.25 incs.3 y 4 del C.P.P. respecto de todas
las personas privadas de su libertad a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N°1
departamental, debiendo intervenir además, al menos cautelarmente respecto de las demás
personas allí alojadas, teniendo en cuenta la urgencia del caso y la actual situación sanitaria,
social y carcelaria, que no permite demoras.

En tal sentido tengo en cuenta que en el Complejo Penitenciario San Martín se
encuentran actualmente alojadas 2995 personas, entre las cuales 2612 forman parte de la
población masculina y 383 integran la población femenina. Por otra parte, debido la las
gestiones realizadas en la mesa de diálogo integrada por personal penitenciario y personas
privadas de su libertad, se ha consensuado la decisión de no recibir visitas como manera de
contribuir a las medidas sanitarias recomendadas por la OMS, a fin de reducir la circulación de
personas y con ello disminuir al mínimo las posibilidades de propagación del COVID-19.-
Tal decisión ha tenido consecuencias negativas en la totalidad de la población
carcelaria, que no solo ha visto mermada la posibilidad de mantener contacto físico con sus
respectivas familia, sino que además de ello se encuentran en estado de incertidumbre al no
poder comunicarse y estar al tanto de la situación de sus seres queridos, en circunstancias en
que continuamente desde numerosos medios de comunicación se informan consecuencias
letales en la población general, debido a la pandemia.

En este contexto, tengo en cuenta además que se encuentran
suspendidas todas las actividades dentro del ámbito penitenciario. Por ello, a fin de evitar que
tales restricciones -suspensión de visitas- se conviertan en un agravamiento arbitrario de las
condiciones de detención, resulta de vital importancia lo informado por el Inspector Mayor
Carlos Suárez, Jefe del Complejo Penitenciario, en el sentido que dicha herramienta sin dudas
contribuirá a disminuir las tensiones existentes en la población ya que de ese modo podrían
mantener contacto fluído con sus familiares, no sólo aquellas personas que recibían visitas,
sino también en los casos en que por cuestiones económicas, de distancia u otras dificultades,
éstas se veían imposibilitadas.-

A mayor abundamiento, el Sr. Fiscal interviniente también se
ha pronunciado de manera favorable respecto de lo solicitado al considerar que la telefonía
celular es el medio idóneo para garantizar el contacto familiar, y contribuye a la paz social
dentro de los establecimientos carcelarios en estas circunstancias, como así también cualquier
otra forma de comunicación online que puedan realizar a través de la unidad.

En ese sentido he sostenido en numerosos pronunciamiento
que la posibilidad de tener consigo un equipo de telefonía celular se relaciona de modo directo
con el derecho de toda persona alojada en el ámbito carcelario a mantener comunicación
telefónica con el exterior a su costo, conforme lo normado el art. 9 inc. 5 a) de Ley 12.256 y
art. 2 de la Ley 24.660.

Por otra parte, no existe en la legislación vigente una norma
que contemple como falta o conducta prohibida la tenencia de elementos/aparatos de
telefonía celular, por lo que tal conducta resulta permitida por aplicación del principio de
legalidad (art.19 de la C.N.), a lo que debe agregarse que, en las particulares circunstancias en
que transcurren sus días las personas privadas de su libertad, al menos mientras dure la
suspensión de visitas y el aislamiento social, voluntario y obligatorio decretado por el PEN a
través del DNU N°297/20 ello se vincula además con el Derecho a la Familia, y mantener y
afianzar sus vínculos familiares (arts. 33, 75 inc.22 de la C.N.; 11, 12, 36 inc.1 de la Const. Prov.
Bs. As.; 4, 5, 8, 9.5 a) de la ley 12.256 y arts.1º, 2º y 158 y ccdtes. de la ley 24.660) y de manera
indirecta con el Derecho a la Salud (arts.33 y 75 inc.22 de la C.N.; 11, 12, 35 inc.8 de la Const.
Prov. Bs. As.; XI, XXV de la D.A.D.D.H.; 5 de la D.U.D.H.; 1, 5.2 de la C.A.D.H.; 16.1 Convención
contra la Tortura y Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes; 7, 10.1 del P.I.D.C.y P.; 9 inc.1º y
76 de la ley 12.256 y 9º 143 de la ley 24.660).

Por ello, la imposibilidad de contacto fluído y efectivo con sus familiares, que
podría derivar en un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención, deben cesar de
inmediato (art.405 del C.P.P.), por lo que corresponde HACER LUGAR a la acción de Habeas
Corpus interpuesta, y oficiar a las Autoridades Penitenciarias corespondientes, haciendo saber
las medias adoptadas, y requerir que se avoquen a la inmediata solución de la problemática
planteada, y se informe el temperamento adoptado sobre el particular.

Asimismo, se deberá comunicar todo lo actuado a las Autoridades Judiciales de
intervención y al presentante, a fin de poner en conocimiento lo resuelto a los efectos que
estimen corresponder.-

Por todo lo expuesto corresponde y así,

RESUELVO:

I. HACER LUGAR AL HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO promovido por
el Sr. Defensor General de San Martín, Dr. Andrés Harfuch, al que adhiriera el Sr. Defensor
General interino de San Isidro, Dr. Julio Bufone, pidiendo hacerlo extensivo a toda la población
carcelaria del Complejo Penitenciario de San Martín y dictaminara en forma favorable el Sr.
Fiscal de Ejecución Penal, Dr. Rodrigo Caro.

II. HACER SABER al Sr. Jefe del Complejo Penitenciario San Martín, Inspector
Mayor Carlos Enrique Suarez, y por su intermedio a cada une de les Directores de las Unidades
Penitenciarias 46, 47 Y 48, la habilitación inmediata del uso de telefonía celular por partes de
les celulares por los internes allí alojades. III. HASTA TANTO SE ESTABLEZCA UN PROTOCOLO O
REGLAMENTO PARA SU UTILIZACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA U ORGANISMOS
EN QUE ESTE LO DELEGUE, deberá el Sr. Jefe del Complejo Penitenciario, establecer una
reglamentación interna, que determine las pautas razonables de ingreso, registro, uso y
conservación de los equipos, tendientes a mantener una buena convivencia y el desarrollo
adecuado de las actividades cotidianas y el normal desenvolvimiento de la administración
(arts. 18, 33, 75 inc.22 de la Const. Nacional, 11, 12, 36 inc. 1 de la Const. Prov. Bs. As. 4, 5, 8,
9.5 a) de la ley 12.256 y arts.1º, 2º y 158 y ccdtes. de la ley 24.660, XI de la DADDH, 25 de la

DUDH, 5 y 17 de la CADH, 7 y 10 del PIDCP, 12 del PIDESyC., Regla 58 de las Reglas de Mandela,
Res. 1/08 de la Comisión Interamericana de DDHH, Principio XVIII).
Regístrese, notifíquese y una vez firme archívese.

[TN] En la Argentina hay 146 mil niños, niñas y adolescentes con uno de sus padres preso

[TN] En la Argentina hay 146 mil niños, niñas y adolescentes con uno de sus padres preso

PUBLICACIÓN ORIGINAL: https://amp.tn.com.ar/policiales/en-la-argentina-hay-146-mil-ninos-ninas-y-adolescentes-con-uno-de-sus-padres-preso_1013600

Una investigación de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que el 17% no está al tanto de que uno de sus papás está detenido. Un relevamiento de la Procuración Penitenciaria de la Nación estima que en el país hay unos 146 mil niños, niñas y adolescentes con al menos uno de sus padres preso. El estudio plantea que en la Argentina la población privada de la libertad y la cantidad de familiares de presos y presas aumenta cada año. En la actualidad, hay alrededor de 92 mil personas encarceladas, detalla la Procuración.
La investigación, que contó con la colaboración de la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFAD), la oficina Regional de Church World Service (CWS) para América Latina y el Caribe, y con el apoyo de UNICEF, se propuso indagar sobre el impacto de la cárcel en la vida de los hijos de los reclusos, mediante una encuesta y entrevista en profundidad.”A partir de la detención de uno de sus integrantes es frecuente que las familias se muden u opten por convivir con otras personas. Esto va asociado muchas veces al desmembramiento del núcleo familiar, razón por la cual, en ocasiones, los niños pasan a vivir con diferentes familiares cercanos, o incluso, en Hogares y otras instituciones estatales. A su vez, puede ocurrir que los hermanos sean separados para repartir responsabilidades de cuidado entre diferentes personas del entorno familiar”, señala el estudio.

“A la hora de analizar quién se hace responsable de los niños, niñas y adolescentes (NNA) una vez que sus progenitores son detenidos, se observan importantes diferencias según se trate del encarcelamiento de su padre o su madre. Mientras que la enorme mayoría de los varones presos señalan que sus hijos o hijas se encuentran a cargo de sus madres (84%), menos de un 20% de las mujeres detenidas indicó que los padres de sus hijos o hijas son los responsables de su cuidado y custodia (19%)”.”Algo similar sucede con los y las adolescentes de entre quince y diecisiete años, cuyos padres y madres mencionaron que no viven ni se encuentran a cargo de ningún familiar, por lo cual están solos. Mientras que solo el 5% de los hijos o hijas de padres presos están en esta situación, el porcentaje se duplica cuando la encarcelada es su madre”, detalla.

Crecer de golpe

Los hijos de los presos sufren las consecuencias del encierro en sus propias vidas. “Es muy frecuente que los y las NNA pasen a ocupar roles de cuidado de otras personas, desfasados respecto de sus momentos vitales. En este sentido, una situación que apareció con mucha frecuencia es la necesidad de hacerse cargo de sus hermanos menores. Muchos de los NNA dijeron que tuvieron que “crecer de golpe”. Como consecuencia, tuvieron que dejar sus actividades cotidianas, incluso la escuela“, destaca el informe con preocupación.Por otro lado, el 17% de las personas detenidas señalaron que sus hijos e hijas no sabían que ellos estaban presos y el 46% no visitan a sus progenitores. Como contracara, surge que el 54% de los niños y niñas alguna vez visitó a sus progenitores en prisión pero solo el 23% de los niños y niñas visitan con regularidad a su progenitor encarcelado.

“El 91% de las personas detenidas en cárceles del interior del país con familias asentadas en Buenos Aires, no recibe visitas de sus hijos e hijas. Esto significa que nueve de cada diez personas alojadas por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires deja de ver a sus hijos pequeños”, destaca el estudio.