Presentación informe de nuestra investigación: La Post Salud Carcelaria

Presentación informe de nuestra investigación: La Post Salud Carcelaria

En el Día Mundial de la Salud queremos invitarles al Conversatorio en el cual presentaremos el Informe de nuestra Investigación sobre la Salud en las Cárceles: La Post Salud Carcelaria (realizada durante el 2020). 

Las conclusiones de este relavamiento nos preocupan enormemente ya que no sólo afectan a las personas privadas de libertad, sino también a todas sus familias.

Sabemos que el problema es complejo, y por eso creemos en la necesidad de generar una agenda y espacio intersectorial de trabajo que contribuya a revertir esta situación.  

En este Conversatorio nos acompañarán importantes referentes en derechos humanos, salud y sistema penal:  

Homer Venters (EEUU), Iñaki Rivera Beiras (España), Miguel Sarre (México), Hugo Spinelli (Argentina)

Realizaremos traducción simultánea.

Les esperamos el 7 de abril, 17 hs. (Argentina) Link de ingreso: http://bit.ly/VivoFacebookAcifad

Contaremos con la presencia de Andrea Casamento, familia y Presidenta de ACIFAD y de Patricia Tevez, familiar y Coordinadora del Equipo de Asesoramiento jurídico-social de ACIFAD.

Modera: Laura Maccarrone – Responsable del Área de Incidencia de ACIFAD

Sobre los participantes al Conversatorio:

Dr. Homer Venters, profesor clínico asociado, Facultad de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York. Es médico y epidemiólogo que trabaja en la intersección del encarcelamiento, la salud y los derechos humanos. Ha sido designado recientemente para formar parte del Grupo de Trabajo sobre Equidad en Salud COVID-19 de Biden-Harris. Desde abril de 2020, se ha centrado en abordar las respuestas al COVID-19 en cárceles, prisiones e instalaciones de detención de inmigrantes. Fue director médico de NYC Correctional Health Services y autor de Life and Death in Rikers Island. También ha trabajado en el sector sin fines de lucro como Director de Programas de Médicos por los Derechos Humanos y Presidente del Servicio de Salud Correccional Orientado a la Comunidad. 

Iñaki Rivera Beiras, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (Centro de Investigación Universitario reconocido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña) y Director Científico del Master oficial en Criminología; Política Criminal y Sociología Jurídico Penal y del Doctorado en Derecho y Ciencia Política de la UB. Ha sido Investigador principal en 56 proyectos de investigación financiados por organismos públicos catalanes, estatales y de la Unión Europea.  Es autor de más de 200 publicaciones en materias relativas a la Criminología, Política Criminal, Penología, Sociología jurídico penal y Derechos Humanos.

Miguel Sarre, profesor de derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la Ciudad de México. Fue miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (2004- 2015). Fue promotor de la institución del ombudsman y el primero en ocupar el cargo de ombudsperson en el país. Ha trabajado en la implementación y legislación de oficinas estatales que apoyen las herramientas de investigación de las defensorías públicas y el debido proceso dentro del sistema penitenciario y el sistema adversarial en México. Es consejero de la organización pionera para los familiares de personas privadas de libertad, Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur.

Hugo Spinelli, médico y Doctor en Salud Colectiva por Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Campinas‐ SP‐ Brasil. También es Profesor Investigador Titular por Concurso de la asignatura: Gestión de Organizaciones de Salud. Es Director del Instituto de Salud Colectiva. Fue director del Doctorado en Salud Colectiva, de la Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas y de la Carrera de Especialización en Gestión en Salud de la Universidad Nacional de Lanús, por la UNLA.

Este informe de coyuntura presenta una serie de datos que surgen de un relevamiento realizado por ACIFAD entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2020 con una muestra de 515 personas detenidas en 63 cárceles y alcaidías del país. El objetivo de la investigación es generar información actualizada sobre la atención de la salud en las cárceles argentinas en el 2020 para conocer los riesgos reales ante el COVID19.

El informe fue producido por Nicolás Maggio y Laura Maccarrone.

¡Tenemos Proyecto de Ley!

El martes 22 de septiembre entró a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley: “Régimen jurídico de la responsabilidad parental en contexto de privación de la libertad de progenitores”.

El proyecto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la responsabilidad parental en contexto de privación de libertad de lo/as progenitor/as, regulando aspectos civiles y penales que influyen en las posibilidades y modalidades de cuidado a través de las cuales garantizar la protección integral de les nna. 

Es un proyecto que se fundamenta en el interés superior del niño cuyos madres, padres o referentes adultos se encuentran privados de libertad y que considera el derecho del niño a la vida familiar, garantizando la continuidad, sostenibilidad y fortalecimiento del vínculo entre la persona detenida y sus hijos e hijas. 

El Comité de los Derechos del Niño recomienda que los Estados Parte garanticen que los derechos de los niños/as con un padre/madre encarcelado/a se tengan en cuenta desde el momento de la detención de sus progenitores y durante todo el proceso de privación de libertad. 

En primer lugar, este proyecto propone regular una de las situaciones donde se advierten graves vulneraciones de derechos de lo/as NNA, las detenciones y allanamientos. Estas situaciones no suelen tomar en cuenta la presencia de NNA, además de desarrollarse de manera física, emocional y psicológicamente violenta. Se propone que la autoridad judicial o la fuerza de seguridad que lleve adelante la medida debe poner en conocimiento al organismo local de protección de derechos de nna para que tome las medidas y que garanticen sus derechos.  Y promueve el diseño e implementación de protocolos para la intervención de las fuerzas de seguridad en presencia de nna.  

Por otro lado, el proyecto introduce modificaciones al Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad parental, diferenciando titularidad, ejercicio y cuidado personal en el contexto de encierro y a la derogación del artículo 12 del Código Penal. Aclarando que lo que se suspende es el cuidado personal (presencia física cotidiana), salvo que los actos cometidos respondan a presuntos delitos contra sus hijo/as. Este principio general de suspensión de cuidado personal no procede en el caso de que permanezcan al cuidado del/la progenitor/a en el establecimiento penitenciario o bajo otras modalidades alternativas a la prisión. 

También se propone modificar el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad en relación a la prisión domiciliaria (el inc. prevé que sea la mujer o persona gestante quien pueda cumplir la detención domiciliaria). En este sentido, se propone que se adecue a la Ley de Identidad de Género e incorpore la perspectiva de género en un ámbito asociado fuertemente a las mujeres, como son las tareas de cuidado. La modificación es respetuosa de la autopercepción y alude a hacer referencia a la persona que tenga a su cuidado a otro/as, sin referir únicamente a la mujer. Particularmente frente al cuidado de personas menores de edad (aunque no se tenga un vínculo filial y con independencia de su identidad de género), se propone elevar la edad de 5 años a 18 años en total consonancia con la Convencion de los Derechos del Niño. En este sentido, se incorpora la obligación del juez/a de fundar la denegatoria del arresto domiciliario en el interés superior del niño. 

En el caso de las mujeres-madres que cuidan a sus hijo/as en los establecimientos penitenciarios, el proyecto incorpora modificaciones para garantizar que ese cuidado sea respetuoso de los derechos de lo/as nna y con los recursos suficientes para el desarrollo integral de sus hijo/as. 

Se incorpora expresamente el derecho a la comunicación, asegurando el contacto cotidiano para la preservación de los vínculos familiares y afectivos

Se propone que los establecimientos penitenciarios deben fijar días y horarios especiales y diseñar espacios de visita que sean aptos para la presencia de nna y promover el diseño e implementación de protocolos para el ingreso y permanencia de las personas menores de edad.  

Con el propósito de diseñar políticas públicas respetuosas del Interés Superior del Niño, se propone la creación de un registro de nna con progenitor/as privado/as de libertad bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, con el objetivo de remitir información a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y  a los organismos locales con competencia en materia de infancia y adolescencia a los fines de dar seguimiento y abordaje a estas situaciones. 

Link archivo completo proyecto de Ley: https://drive.google.com/file/d/1BqKUib94MuwHBPZZpAqQuBvM9o6dGNVE/view?usp=sharing

PROTOCOLO PARA EL USO DE TELÉFONOS CELULARES POR PARTE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL ÁMBITO DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE TUCUMÁN

ARTICULO 1. Ámbito de aplicación. Se autoriza a la población en contexto de encierro del Servicio Penitenciario de Tucumán (SPT), a mantener comunicaciones a través de teléfonos celulares y al uso de otros dispositivos tecnológicos, de la forma y con los alcances previstos en el presente PROTOCOLO.

ARTÍCULO 2. Vigencia y objetivos. La habilitación de las comunicaciones a través de dispositivos móviles en el ámbito del SPT regirá mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio (DNU 297/20), o cualquier otra restricción a la libre circulación de las personas con motivo de la pandemia Covid-19. Los resultados de la puesta en práctica de este Protocolo permitirán evaluar la extensión de su vigencia, así como la modificación y/o ampliación de su contenido. Este Protocolo tiene como objetivo esencial facilitarle a la población privada de la libertad:

a) el contacto con sus familiares y afectos

b) su desarrollo educativo y cultural

c) el acceso a información relativa a su situación procesal.

La implementación de este Protocolo debe llevarse adelante con criterios de razonabilidad que permitan un adecuado ejercicio de los derechos reconocidos en el presente y que garanticen los aspectos de seguridad propios de su ámbito de aplicación.

ARTÍCULO 3. Habilitación de dispositivos móviles.

a) INGRESO DE CELULARES: un familiar de cada interno ingresara el teléfono móvil, debiendo registrarse la marca, el modelo, el número de identificación internacional de equipo móvil (IMEI) y el número de tarjeta de módulo de identificación de abonado (Chip o tarjeta SIM). Se registrarán también los datos de la persona que sea propietaria del dispositivo móvil y de la línea telefónica. Quien ingrese el dispositivo deberá expresar que éste no es producto de la comisión de un ILÍCITO. El dispositivo móvil ira a la unidad y, quedará registrado a nombre de la persona que lo ingresó al establecimiento, quien será responsable de todas las comunicaciones realizadas desde ese teléfono celular. El mismo será utilizado por el interno a su REQUERIMIENTO, entre las 08.00 y las 18.00 Hs., de cada día solicitando su afectación al empleado Penitenciario de turno, quien le efectuará el control respectivo.

ARTÍCULO 4. Condiciones de uso

a) Las comunicaciones mediante teléfono celular sólo podrán realizarse en los recintos que cada unidad determine. En consecuencia, queda prohibida la utilización de dispositivos móviles en los pabellones, pasillos, espacios educativos, laborales y cualquier ámbito que no sea el autorizado.

b) Las personas privadas de la libertad que cuenten con teléfonos celulares podrán utilizar también las líneas de telefonía fija del establecimiento penitenciario.

c) En ningún caso el SPT se hará cargo del costo de las comunicaciones.

d) Las comunicaciones a través de teléfonos celulares podrán tener lugar de 08.00 a 18.00 Hs. e) En caso de situaciones que puedan afectar la seguridad del establecimiento o si la utilización de los teléfonos celulares impidiera el normal desarrollo de actividades o procedimientos en dependencias

del SPT la autoridad penitenciaria podrá solicitar la interrupción de las comunicaciones por periodos determinados.

f) Los dispositivos móviles no podrán contar con memoria extraíble.

ARTÍCULO 5. Incautación. Actuación disciplinaria. Denuncia penal. La primera inobservancia del interno, y conforme a la gravedad de la falta, será llamado a recapacitar por única vez, y/o se aplicará el correctivo disciplinario que corresponda. Y ante reiteraciones de lo dispuesto en el presente reglamento, o la posible participación en un delito penal mediante la utilización del dispositivo móvil, dará lugar a la inmediata incautación del teléfono celular y al labrado de las actuaciones administrativas y/o denuncia penal correspondientes. El teléfono incautado será remitido a la Fiscalía de turno, según corresponda.

Coronavirus – El estado debe garantizar salud en las carceles y a las familias.

COMUNICADO

Estamos sumergidxs en una pandemia. Es una situación de emergencia. El Estado argentino cobra protagonismo para cuidarnos y evitar una tragedia social. 

En este contexto de aislamiento obligatorio, se pone en evidencia una gravísima situación que hasta el momento había quedado invisibilizada: las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, han sido sostenidas por las familias de las personas privadas de libertad.

Las cárceles son espacios no aptos, donde no les están brindando ni la alimentación ni la medicación que necesitan las personas detenidas. La situación es grave, contundente. La visibilidad es vital, de vida o muerte. Hace años están forzadxs a vivir así, y hace años que así mueren, miles, a cargo del Estado. Pedimos a todos los medios que difundan esta situación. 

Las familias somos las mujeres, pobres y empobrecidas aún más por el impacto de la cárcel en nuestras vidas. Somos quienes visitamos a nuestrxs familiares presxs y cargamos con la presión de garantizar lo que el Estado no hace: mantener con vida a las personas detenidas

El Estado bonaerense, que hoy tiene privadas de su libertad a cerca de 50.000 personas, tiene presupuesto para garantizar la comida, las medicinas, los artículos de limpieza edilicia e higiene personal de las personas encarceladas. El Estado de Buenos Aires tiene mucho más presupuesto que nosotras para eso, pero no lo hace… desde hace años. Lo tenemos que hacer nosotras.

Hoy esto se hace evidente, cuando el Ministerio de Justicia, así como el Ministerio de Seguridad han emitido una resolución que nos permite la circulación para ASISTIR a nuestros familiares detenidos en cárceles o dependencias policiales

ASISTIR, en este caso, es un eufemismo para encubrir que se trata de suplir las obligaciones estatales. Si el Estado no puede garantizar la vida de las personas bajo su custodia, entonces, la pena se vuelve ilegítima. Ante esto manifestamos: 

  • Nosotras no podemos arriesgarnos a ser transmisoras del COVID19 al interior de nuestras familias, de nuestras comunidades y mucho menos al interior de las cárceles. 
  • Si el COVID19 entra en las cárceles bonaerenses, se va a encontrar con 50.000 personas en situación de gran vulnerabilidad, mal alimentadas, sin atención a la salud, viviendo en pésimas condiciones materiales y de higiene, y con niveles de hacinamiento inimaginables. 
  • Las mujeres familiares de detenidxs no somos médicas, ni bomberos, ni enfermeras. No cumplimos con un servicio esencial y no podemos circular por las calles
  • Muchas familias viven alejadas de las prisiones, lo que implica tomarse varios transportes públicos para llegar a las cárceles y estar horas y horas circulando. 
  • Nosotras somos familias con bajos recursos, somos trabajadoras de la economía informal. La mayoría de nosotras hemos perdido nuestros ingresos producto de la pandemia. No podemos seguir sosteniendo las cárceles de Buenos Aires. 

Hoy ya no es posible. Todas las personas debemos cumplir con el aislamiento decretado por nuestro presidente. ¿Por qué a nosotras nos obligan a salir?

El Estado tiene la obligación de evitar que la pandemia entre a las cárceles bonaerenses. 

Confiamos en la sensibilidad y en la escucha que esta gestión tiene con los sectores más castigados y desiguales de nuestra sociedad. Necesitamos quedarnos en casa sabiendo que el Estado va llegar a nuestrxs familiares para garantizar sus derechos y no poner en riesgo a toda la sociedad.