San Isidro, 28 de Marzo de 2020. 18.30 hs.

AUTOS Y VISTOS: Los del presente incidente de Habeas Corpus Colectivo
Correctivo No.16738, interpuesto por el Sr. Defensor General de San Martín, Dr. Andrés
Harfuch, al que adhiriera el Sr. Defensor General Interino de San Isidro, Dr. Julio Buffone, en
favor de las personas privadas de su libertad en el Complejo Penitenciario de San Martín,
(Unidades 46, 47 y 48):

Y CONSIDERANDO:
I. Que en el día de la fecha, en horas del mediodía (13.08), fue remitido al
correo oficial la presente acción de hábeas corpus, solicitando el peticionante que se ordene al
Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense la flexibilización de los controles reglamentarios
sobre telefonía celular e Internet en la Unidades 46, 47 y 48, permitiendo así su utilización con
fines de comunicación con sus familiares, al menos por el tiempo que duren las medidas de
excepción mencionadas (vgr. aislamiento social, preventivo y obligatorio).

Por tal motivo se ordenó corre vista al Sr. Fiscal de Ejecución y al Sr. Defensor
General Interino de este departamento Judicial, la que fuera comunicada en forma telefónica
por el suscripto, a la vez que se requirió al Sr. Jefe del Complejo Penitenciario San Martín,
Inspector Mayor Carlos Suarez, que informe acerca de la factibilidad de implementar la
medida, como así también se expidiera sobre los efectos que tal posibilidad aportaría a fin de
descomprimir la situación actual de la población carcelaria.

Siendo las 14.38hs. El Inspector Mayor Carlos Suárez, remitió a mi celular
personal un mensaje de audio, donde daba cuenta de la importancia de contar con dicha
herramienta (el uso de telefonía celular), considerando favorable implementar la medida, más
en los tiempos que corren, ya que contribuiría a bajar la ansiedad de parte de la población y
que sientan así la proximidad de sus familiares, en lo que califica como una situación límite,
dejando a salvo la necesidad de regular su uso.-

Recibido dicho informe, lo reenvié al Sr. Fiscal de Ejecución, Dr. Rodrigo Caro,
quien a las 14.50hs. respondió por la misma vía (mesaje de audio), y dictaminó en forma
favorable, considerando que tanto la telefonía celular como otras formas de comunicación
online que pueda establecerse desde la unidad, lo que a su criterio contribuye a mantener la
paz social dentro de los establecimientos penitenciarios mientras dura esta situación
excepcional y mantener los vículos familiares.

Del mismo modo comuniqué al Dr. Julio Buffone, interinamente a cargo de la
Defensoría General departamental, lo informado por el Inspector Mayor Suárez y lo
dictaminado al respecto por el Sr. Fiscal. Ante ello, respondió la vista conferida a través del
correo electrónico (personal) sosteniendo que: "comparto en un todo los argumentos vertidos
por el Sr. Defensor General de San Martín Dr. Andrés Harfuch, adhiriendo a los mismos, así
como a los que se me hicieran llegar, expuestos por el Dr. Rodrigo Caro en nombre de la

fiscalía departamental. Por tanto, solicito se resuelva favorablemente la pretensión expuesta,
y se amplíe la medida, a todos los internos alojados en el Complejo Penitenciario San Martín,
sin tener en cuenta la jurisdicción a la que pertenecen".

II. Llegado el momento de resolver, debo señalar en primer lugar que mi
intervención resulta habilitada en los términos del art.25 incs.3 y 4 del C.P.P. respecto de todas
las personas privadas de su libertad a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N°1
departamental, debiendo intervenir además, al menos cautelarmente respecto de las demás
personas allí alojadas, teniendo en cuenta la urgencia del caso y la actual situación sanitaria,
social y carcelaria, que no permite demoras.

En tal sentido tengo en cuenta que en el Complejo Penitenciario San Martín se
encuentran actualmente alojadas 2995 personas, entre las cuales 2612 forman parte de la
población masculina y 383 integran la población femenina. Por otra parte, debido la las
gestiones realizadas en la mesa de diálogo integrada por personal penitenciario y personas
privadas de su libertad, se ha consensuado la decisión de no recibir visitas como manera de
contribuir a las medidas sanitarias recomendadas por la OMS, a fin de reducir la circulación de
personas y con ello disminuir al mínimo las posibilidades de propagación del COVID-19.-
Tal decisión ha tenido consecuencias negativas en la totalidad de la población
carcelaria, que no solo ha visto mermada la posibilidad de mantener contacto físico con sus
respectivas familia, sino que además de ello se encuentran en estado de incertidumbre al no
poder comunicarse y estar al tanto de la situación de sus seres queridos, en circunstancias en
que continuamente desde numerosos medios de comunicación se informan consecuencias
letales en la población general, debido a la pandemia.

En este contexto, tengo en cuenta además que se encuentran
suspendidas todas las actividades dentro del ámbito penitenciario. Por ello, a fin de evitar que
tales restricciones -suspensión de visitas- se conviertan en un agravamiento arbitrario de las
condiciones de detención, resulta de vital importancia lo informado por el Inspector Mayor
Carlos Suárez, Jefe del Complejo Penitenciario, en el sentido que dicha herramienta sin dudas
contribuirá a disminuir las tensiones existentes en la población ya que de ese modo podrían
mantener contacto fluído con sus familiares, no sólo aquellas personas que recibían visitas,
sino también en los casos en que por cuestiones económicas, de distancia u otras dificultades,
éstas se veían imposibilitadas.-

A mayor abundamiento, el Sr. Fiscal interviniente también se
ha pronunciado de manera favorable respecto de lo solicitado al considerar que la telefonía
celular es el medio idóneo para garantizar el contacto familiar, y contribuye a la paz social
dentro de los establecimientos carcelarios en estas circunstancias, como así también cualquier
otra forma de comunicación online que puedan realizar a través de la unidad.

En ese sentido he sostenido en numerosos pronunciamiento
que la posibilidad de tener consigo un equipo de telefonía celular se relaciona de modo directo
con el derecho de toda persona alojada en el ámbito carcelario a mantener comunicación
telefónica con el exterior a su costo, conforme lo normado el art. 9 inc. 5 a) de Ley 12.256 y
art. 2 de la Ley 24.660.

Por otra parte, no existe en la legislación vigente una norma
que contemple como falta o conducta prohibida la tenencia de elementos/aparatos de
telefonía celular, por lo que tal conducta resulta permitida por aplicación del principio de
legalidad (art.19 de la C.N.), a lo que debe agregarse que, en las particulares circunstancias en
que transcurren sus días las personas privadas de su libertad, al menos mientras dure la
suspensión de visitas y el aislamiento social, voluntario y obligatorio decretado por el PEN a
través del DNU N°297/20 ello se vincula además con el Derecho a la Familia, y mantener y
afianzar sus vínculos familiares (arts. 33, 75 inc.22 de la C.N.; 11, 12, 36 inc.1 de la Const. Prov.
Bs. As.; 4, 5, 8, 9.5 a) de la ley 12.256 y arts.1º, 2º y 158 y ccdtes. de la ley 24.660) y de manera
indirecta con el Derecho a la Salud (arts.33 y 75 inc.22 de la C.N.; 11, 12, 35 inc.8 de la Const.
Prov. Bs. As.; XI, XXV de la D.A.D.D.H.; 5 de la D.U.D.H.; 1, 5.2 de la C.A.D.H.; 16.1 Convención
contra la Tortura y Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes; 7, 10.1 del P.I.D.C.y P.; 9 inc.1º y
76 de la ley 12.256 y 9º 143 de la ley 24.660).

Por ello, la imposibilidad de contacto fluído y efectivo con sus familiares, que
podría derivar en un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención, deben cesar de
inmediato (art.405 del C.P.P.), por lo que corresponde HACER LUGAR a la acción de Habeas
Corpus interpuesta, y oficiar a las Autoridades Penitenciarias corespondientes, haciendo saber
las medias adoptadas, y requerir que se avoquen a la inmediata solución de la problemática
planteada, y se informe el temperamento adoptado sobre el particular.

Asimismo, se deberá comunicar todo lo actuado a las Autoridades Judiciales de
intervención y al presentante, a fin de poner en conocimiento lo resuelto a los efectos que
estimen corresponder.-

Por todo lo expuesto corresponde y así,

RESUELVO:

I. HACER LUGAR AL HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO promovido por
el Sr. Defensor General de San Martín, Dr. Andrés Harfuch, al que adhiriera el Sr. Defensor
General interino de San Isidro, Dr. Julio Bufone, pidiendo hacerlo extensivo a toda la población
carcelaria del Complejo Penitenciario de San Martín y dictaminara en forma favorable el Sr.
Fiscal de Ejecución Penal, Dr. Rodrigo Caro.

II. HACER SABER al Sr. Jefe del Complejo Penitenciario San Martín, Inspector
Mayor Carlos Enrique Suarez, y por su intermedio a cada une de les Directores de las Unidades
Penitenciarias 46, 47 Y 48, la habilitación inmediata del uso de telefonía celular por partes de
les celulares por los internes allí alojades. III. HASTA TANTO SE ESTABLEZCA UN PROTOCOLO O
REGLAMENTO PARA SU UTILIZACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA U ORGANISMOS
EN QUE ESTE LO DELEGUE, deberá el Sr. Jefe del Complejo Penitenciario, establecer una
reglamentación interna, que determine las pautas razonables de ingreso, registro, uso y
conservación de los equipos, tendientes a mantener una buena convivencia y el desarrollo
adecuado de las actividades cotidianas y el normal desenvolvimiento de la administración
(arts. 18, 33, 75 inc.22 de la Const. Nacional, 11, 12, 36 inc. 1 de la Const. Prov. Bs. As. 4, 5, 8,
9.5 a) de la ley 12.256 y arts.1º, 2º y 158 y ccdtes. de la ley 24.660, XI de la DADDH, 25 de la

DUDH, 5 y 17 de la CADH, 7 y 10 del PIDCP, 12 del PIDESyC., Regla 58 de las Reglas de Mandela,
Res. 1/08 de la Comisión Interamericana de DDHH, Principio XVIII).
Regístrese, notifíquese y una vez firme archívese.